La crisis económica que se sucedieron entre 1976 y 1994 contribuyeron a acentuar la desigualdad económica y social. Esa situación de desigualdad ha llegado a ser, al comenzar el siglo XXI gravísima e insostenible. Hacia el año 2000, un habitante de la capital de clase media gastaba hasta ochenta pesos diarios en su alimentación mientras que en los estados más pobres de la Republica, como Guerrero, Oaxaca o Chiapas, el gasto diario en alimentación per cápita no rebasaba los tres pesos. En México la distribución de la riqueza en tan desigual como en Nigeria, Kenya o Bangladesh. Las recurrentes crisis económicas afectan principalmente a la población de escasos recursos y a la clase media urbana, mientras que los sectores más acomodados han podido mantener su calidad de vida e incluso incrementarla. La polarización económica del país ha generado una enorme distancia culturas entre esos sectores sociales, cada vez más ajenos unos de otros.
Los porcentajes siguientes dan muestra de esa desigualdad: en 1990, las zonas más pobres del país tenían un índice de 22 por cierto de analfabetismo, frente a 12 por ciento del resto de la nación; mientras que en las zonas urbanas 45 por ciento de los jóvenes iban a la universidad, en las zonas urbanas pobres el porcentaje se reducía a 11 por ciento, y llegaba a 3 por ciento en las zonas rurales más maginadas.
Los gobiernos han intentado paliar esta situación mediante programas de protección social y desarrollo humano para los sectores más vulnerables de la población, tal es el caso de Solidaridad, Progresa y Oportunidades. Sin embargo, un orden social de verdadera equidad sigue siendo un desafío para la sociedad y el Estado mexicano.
Los gobiernos del siglo XXI tendrán que hacer mucho para mejorar la educación, combatir la desnutrición, disminuir las enfermedades parasitarias e infecciosas, incrementar las oportunidades de empleo, y facilitar las prácticas deportivas y culturas entre los sectores más pobres y marginados de la nación.
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