En 1978, 45 por ciento de los mexicanos no tenía acceso a ningún tipo de atención médica gratuita, mientras que 16.6 por ciento de la población era analfabeta. Con las crisis económicas de los años ochenta, el Estado redujo aun más el presupuesto dedicado a la educación y a la salud pública. A pesar de ello, entre 1980 y 2000. Las instituciones de gobierno encargadas de ofrecer estos beneficios llevaron a cabo importantes esfuerzos para que los mexicanos pudieran hacer valer su derecho constitucional a gozar de esos servicios.
Los problemas relacionados con la educación y la salud en México no solo eran financieros. Muchos niños y jóvenes abandonaban la escuela para dedicarse a trabajar y ayudar a sus padres con los gastos familiares. Por otra parte, las causas de mortalidad más frecuentes en el país eran la diarrea, las infecciones respiratorias o la desnutrición, enfermedades que en países desarrollados eran tratadas rápida y fácilmente.
En los años ochenta, la Secretaria de Salubridad y Asistencia emprendió importantes reformas: descentralizo los servicios salubridad; promovió la participación de las comunidades en el cuidado de la salud; fomento la investigación; incremento el número de campañas de vacunación, de promoción del uso del preservativo para prevenir el contagio del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Asimismo, dicha dependencia gubernamental impulso campañas de educación en temas de salud preventiva y nutrición.
A pesar de tales esfuerzos, todavía a principios del siglo XXI no todos los mexicanos pueden hacer valer su derecho a la salud. La insuficiencia de hospitales y centros de salud, así como los escasos recursos que el Estado destina para comprar medicamentos, son solo algunos de los problemas que afectan a muchos mexicanos que acuden a las instituciones de salud pública.
En cuanto al sistema educativo, la Secretaria de Educación Publica (SEP) fundo, en 1979, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), y durante los años ochenta promovió las opciones de educación técnica y de educación a distancia. En 1993 se reformo el artículo 3º. De la Constitución, con lo que el Estado asumió la responsabilidad de impartir educación preescolar, primaria y secundaria obligatoria para todos los mexicanos.
Sin embargo, todavía no se crean las condiciones sociales necesarias para que los niños y jóvenes continúen sus estudios: muchos aun abandonan la escuela por razones económicas o familiares.
Desde los años setenta, la matricula de las primarias, secundarias, preparatorias e incluso de las universidades públicas se incremento; sin embargo, la masificación de la educación no ha sido sinónimo de alto rendimiento académico. Si bien muchos mexicanos reciben clases en dichas instituciones, la calidad de algunas es deficiente.
Actualmente, la demanda educativa aun rebasa a la oferta de instituciones que la imparten de manera gratuita; el acceso a la educación es limitado para muchos sectores de la sociedad, como los grupos indígenas, y los habitantes de ciertas regiones rurales y urbanas.
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